Un laudo arbitral y una sentencia judicial pueden resolver definitivamente un conflicto y obligar a las partes, pero no proceden del mismo sistema ni se dictan de la misma manera. El laudo es la decisión de uno o varios árbitros elegidos conforme a un convenio arbitral, mientras que la sentencia es una resolución de un juez o tribunal integrado en el Poder Judicial.
La elección entre arbitraje y proceso judicial afecta a quién resolverá el conflicto, las reglas del procedimiento, la confidencialidad, los costes y las posibilidades de impugnación. Para comprender estas diferencias es necesario conocer la Ley de Arbitraje en España y las consecuencias de incluir una cláusula arbitral en un contrato.
Laudo arbitral y sentencia judicial: ¿son lo mismo?
No son lo mismo, aunque ambos pueden producir efectos jurídicos similares. El laudo arbitral es la resolución que pone fin a una controversia sometida a arbitraje, mientras que la sentencia es la decisión dictada por un órgano judicial dentro de un proceso.
La principal diferencia está en el origen de la autoridad que resuelve. El juez ejerce la potestad jurisdiccional atribuida por el Estado. El árbitro recibe su capacidad para decidir de la voluntad de las partes expresada en un convenio arbitral, dentro de los límites establecidos por la ley.
¿Quién dicta un laudo y quién dicta una sentencia?
El laudo lo dicta un árbitro único o un colegio arbitral. La sentencia la dicta un juez o un tribunal competente por razón de la materia, el territorio y el tipo de procedimiento.
El árbitro o tribunal arbitral
El árbitro es una persona independiente e imparcial a la que las partes encomiendan la resolución de una controversia sobre materias de libre disposición. Puede actuar individualmente o formar parte de un colegio compuesto por varios árbitros.
La ley permite que las partes fijen libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará uno solo. En determinados arbitrajes de derecho se exige, además, que el árbitro único o al menos uno de los integrantes del colegio tenga la condición de jurista.
El árbitro no debe confundirse con el mediador. El mediador ayuda a las partes a construir su propio acuerdo, mientras que el árbitro escucha sus posiciones, valora las pruebas y adopta una decisión vinculante.
Tampoco es obligatorio que un árbitro figure en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. Ese registro está relacionado con el ejercicio de la mediación y no constituye un registro general de árbitros.
El juez o tribunal
El juez es un integrante del Poder Judicial y ejerce una función jurisdiccional atribuida por la Constitución y las leyes. Su competencia no depende de un acuerdo entre las partes, sino de las normas procesales aplicables.
En función del asunto, la sentencia puede ser dictada por un juzgado, una Audiencia Provincial, un Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
Capacidad de las partes para elegir quién resuelve el conflicto
En arbitraje, las partes pueden acordar quién será el árbitro, cómo se designará o qué institución arbitral administrará el procedimiento. Esta posibilidad permite seleccionar a una persona con experiencia en la materia discutida.
En un proceso judicial, las partes no eligen al juez concreto. El asunto se asigna al órgano competente de acuerdo con las normas de jurisdicción, competencia y reparto.
La libertad para elegir árbitro tampoco es absoluta. La persona designada debe reunir las condiciones legales y mantener su independencia e imparcialidad durante todo el procedimiento.
Diferencias en el origen del procedimiento
El arbitraje nace de la voluntad de las partes de apartar una controversia concreta de los tribunales y someterla a la decisión de uno o varios árbitros. El proceso judicial, en cambio, se inicia mediante el ejercicio del derecho de acción ante el órgano jurisdiccional competente.
El convenio arbitral como fundamento del arbitraje
El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias surgidas o que puedan surgir respecto de una relación jurídica determinada.
Puede adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o de un acuerdo independiente. Debe expresar de forma clara la voluntad de someter la controversia a arbitraje y constar por escrito o en un soporte que permita consultar posteriormente su contenido.
Cuando existe un convenio arbitral válido, la parte demandada puede oponerse a que los tribunales conozcan del conflicto mediante la correspondiente declinatoria.
El acceso a los tribunales mediante un procedimiento judicial
Para acudir a la vía judicial no es necesario haber pactado previamente la intervención de un juez. Basta con presentar la demanda ante el órgano competente y cumplir los requisitos legales aplicables.
No obstante, en numerosos asuntos civiles y mercantiles puede ser necesario acreditar previamente un intento de solución extrajudicial mediante alguno de los medios adecuados reconocidos legalmente. Intentar negociar no supone renunciar a los tribunales ni obliga a alcanzar un acuerdo.
Diferencias entre laudo arbitral y sentencia judicial
Laudo y sentencia se diferencian en la autoridad que los dicta, la configuración del procedimiento, el grado de confidencialidad y las vías disponibles para cuestionar la decisión.
Órgano encargado de resolver el conflicto
El laudo es dictado por un árbitro único o por varios árbitros. Estos profesionales no forman parte del Poder Judicial, aunque su decisión tiene los efectos reconocidos por la ley.
La sentencia procede de un juez o tribunal estatal. El órgano competente se determina mediante las reglas procesales y no por elección directa de las partes.
Elección de las reglas del procedimiento
En el arbitraje, las partes pueden acordar numerosos aspectos del procedimiento: la institución arbitral, el número de árbitros, el idioma, el lugar de celebración y las reglas aplicables.
Esta libertad debe respetar siempre la igualdad, el derecho de defensa y la oportunidad de alegar y aportar pruebas. Si no existe acuerdo sobre algún aspecto, decidirán los árbitros dentro de los límites legales y del reglamento aplicable.
En el proceso judicial, las normas procedimentales están establecidas por ley y las posibilidades de adaptación son más limitadas.
Especialización de quien toma la decisión
Una de las ventajas del arbitraje es la posibilidad de designar árbitros especializados en sectores como construcción, energía, comercio internacional, sociedades o propiedad intelectual.
En los tribunales, los jueces poseen formación jurídica y pueden apoyarse en informes periciales cuando el conflicto presenta cuestiones técnicas. Sin embargo, las partes no pueden seleccionar al juez atendiendo a una especialización concreta.
Duración del procedimiento
El arbitraje suele diseñarse para concentrar las actuaciones y obtener una decisión en un plazo definido. Su duración dependerá de la complejidad, el reglamento aplicable, el número de partes y las pruebas necesarias.
Un procedimiento judicial puede prolongarse debido a la carga de trabajo del órgano, los trámites procesales y los posibles recursos. No obstante, el arbitraje no es automáticamente rápido: un asunto complejo también puede necesitar numerosos escritos, peritajes y audiencias.
Confidencialidad y publicidad
La Ley de Arbitraje obliga a árbitros, partes e instituciones arbitrales a guardar confidencialidad sobre la información conocida durante las actuaciones. Esto puede resultar especialmente valioso cuando se discuten secretos empresariales, precios o información comercial sensible.
Los procedimientos judiciales se rigen, con carácter general, por el principio de publicidad, aunque existen limitaciones y medidas para proteger información reservada, datos personales o intereses especialmente sensibles.
Costes asociados
El arbitraje exige abonar los honorarios de los árbitros y, en su caso, los gastos de la institución administradora. A estos importes se añaden los abogados, peritos y demás costes de defensa.
La Administración de Justicia no cobra honorarios por la intervención del juez, aunque el proceso judicial también puede generar gastos de abogado, procurador, peritos y una posible condena en costas.
Por tanto, el arbitraje puede resultar eficiente en controversias complejas o de cuantía elevada, pero no siempre es la alternativa más económica.
¿Tienen la misma fuerza legal un laudo y una sentencia?
Tanto el laudo como la sentencia obligan a las partes y pueden ejecutarse forzosamente. Sin embargo, su origen y las vías disponibles para impugnarlos son diferentes.
Carácter vinculante del laudo arbitral
El laudo arbitral es vinculante desde que se dicta y notifica en los términos legalmente previstos. Las partes deben cumplir lo decidido aunque no estén de acuerdo con la valoración jurídica o probatoria realizada por el árbitro.
El artículo 43 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, establece que el laudo produce efectos de cosa juzgada.
Carácter obligatorio de la sentencia judicial
La sentencia obliga a las partes dentro de los términos establecidos en su fallo. Su firmeza dependerá de si puede recurrirse, de si se presenta un recurso dentro del plazo o de si ya se han agotado las vías ordinarias de impugnación.
Algunas sentencias pueden ejecutarse provisionalmente antes de alcanzar firmeza, mientras que otras requieren esperar a que ya no puedan recurrirse.
Efectos de cosa juzgada
La cosa juzgada impide que la misma controversia, entre las mismas partes y con el mismo objeto, vuelva a resolverse en otro procedimiento como si no hubiera existido una decisión anterior.
El laudo produce este efecto, al igual que una sentencia firme. Por eso, el arbitraje no constituye una fase previa que permita repetir después el juicio ante los tribunales si el resultado no satisface a una parte.
Diferencias a la hora de recurrir la decisión
Esta es una de las diferencias más importantes. Las sentencias pueden contar con recursos que permiten revisar la decisión, mientras que el laudo no dispone de un recurso ordinario equivalente para volver a analizar el fondo del asunto.
Recursos contra una sentencia judicial
Dependiendo del tipo de procedimiento, la cuantía y la materia, una sentencia puede ser objeto de apelación y, en determinados casos, de recursos extraordinarios.
El tribunal superior puede revisar las cuestiones permitidas por el recurso, que pueden incluir la aplicación del derecho, infracciones procesales y, dentro de ciertos límites, la valoración de la prueba.
No todas las sentencias pueden recurrirse de la misma forma. La existencia y el alcance del recurso dependen del orden jurisdiccional y de las normas procesales aplicables.
¿Por qué un laudo arbitral no tiene un recurso ordinario equivalente?
Las partes eligen el arbitraje para obtener una decisión definitiva fuera del sistema judicial ordinario. Permitir una apelación general ante los tribunales convertiría el arbitraje en una fase previa al juicio y reduciría su eficacia.
Al pactar el arbitraje, las partes aceptan que el árbitro resuelva definitivamente el fondo de la controversia, salvo los mecanismos excepcionales de control establecidos por la ley.
Acción de anulación del laudo arbitral
Contra el laudo definitivo puede ejercitarse una acción de anulación por causas tasadas. Entre ellas se encuentran la inexistencia o invalidez del convenio arbitral, la falta de notificación que haya causado indefensión, la resolución de cuestiones no sometidas a arbitraje o la vulneración del orden público.
La acción debe presentarse, con carácter general, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del laudo. Si se solicitó su corrección, aclaración o complemento, el cómputo se realiza en los términos previstos legalmente.
Alcance del control de los tribunales sobre el laudo
La acción de anulación no es una segunda instancia. El tribunal no debe sustituir al árbitro para decidir nuevamente quién tenía razón ni revisar de manera general la interpretación del contrato o la valoración de las pruebas.
Su función consiste en controlar la validez del arbitraje y comprobar si concurre alguno de los motivos de anulación previstos por la ley. Un posible error del árbitro sobre el fondo no basta, por sí solo, para anular el laudo.
Diferencias en la ejecución del laudo y de la sentencia
Ni los árbitros ni las partes pueden utilizar directamente medidas coercitivas para imponer el cumplimiento. Cuando la persona obligada no cumple voluntariamente, es necesaria la intervención de los tribunales.
Cumplimiento voluntario de la decisión
Tras recibir el laudo o la sentencia, la parte obligada puede cumplir dentro del plazo establecido. Esto evita iniciar la ejecución y los gastos adicionales que puede generar.
El cumplimiento debe ajustarse exactamente a lo decidido, tanto si consiste en pagar una cantidad como en entregar un bien, realizar una actuación o abstenerse de determinada conducta.
Ejecución judicial de una sentencia
La ejecución de una sentencia se solicita ante el órgano judicial competente conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil o a las normas del orden jurisdiccional correspondiente.
El tribunal puede adoptar medidas como embargos, requerimientos de pago, realización de bienes u otras actuaciones necesarias para hacer efectivo el fallo.
Ejecución judicial de un laudo arbitral
El árbitro tiene capacidad para decidir el conflicto, pero no para ejecutar coactivamente su resolución. La ejecución forzosa del laudo corresponde a los tribunales y se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arbitraje.
El laudo nacional es un título ejecutivo. Por tanto, no es necesario iniciar un juicio declarativo para que otro juez vuelva a resolver el fondo antes de exigir su cumplimiento.
Si se trata de un laudo extranjero, será necesario comprobar el régimen de reconocimiento y ejecución aplicable, incluido el Convenio de Nueva York de 1958 cuando corresponda.
¿Qué ocurre cuando la parte condenada no cumple?
La parte beneficiada por la decisión puede presentar una demanda ejecutiva y solicitar las medidas necesarias para obtener el cumplimiento.
El laudo puede ejecutarse incluso aunque se haya ejercitado una acción de anulación. La persona ejecutada puede solicitar la suspensión, pero deberá cumplir las condiciones previstas legalmente, incluida la prestación de caución cuando proceda.
¿Qué tienen en común un laudo arbitral y una sentencia?
Aunque proceden de vías diferentes, ambos instrumentos ofrecen una respuesta jurídica obligatoria al conflicto. También pueden cerrar definitivamente la controversia y dar lugar a ejecución forzosa.
Resuelven jurídicamente una controversia
El laudo y la sentencia analizan las pretensiones, alegaciones y pruebas aportadas por las partes para ofrecer una solución conforme a las reglas aplicables.
En el arbitraje de derecho, el árbitro decide mediante normas jurídicas. En el arbitraje de equidad, cuando esté permitido y haya sido expresamente autorizado, puede resolver conforme a criterios de equidad.
Son vinculantes para las partes
Las partes no pueden ignorar la decisión porque no compartan su contenido. Tanto el laudo como la sentencia crean obligaciones y reconocen derechos que deben respetarse.
La disconformidad deberá canalizarse mediante las vías de impugnación legalmente disponibles, que son diferentes en cada caso.
Pueden dar lugar a ejecución forzosa
Si la parte obligada no cumple voluntariamente, quien haya obtenido una decisión favorable puede acudir a los tribunales para solicitar su ejecución.
Esto diferencia al laudo de otras fórmulas de resolución de conflictos en las que el resultado no constituye directamente un título ejecutivo si no se formaliza posteriormente.
Producen efectos jurídicos definitivos en los términos previstos por la ley
El laudo produce efectos de cosa juzgada desde su emisión y solo puede cuestionarse mediante la acción de anulación y, en supuestos excepcionales, la revisión prevista para las sentencias firmes.
La sentencia produce efectos definitivos cuando alcanza firmeza. En ambos casos, la controversia no puede volver a plantearse indefinidamente entre las mismas partes una vez resuelta con efecto de cosa juzgada.
